El diputado Andrés Celis (Renovación Nacional), junto al abogado Luis Eduardo Cantellano, presentaron
este viernes una querella criminal en la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve; su exjefe de gabinete, Gabriel de la Fuente; la ministra del ramo, Carolina Tohá; y el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.
La acción los acusa de obstrucción a la justicia y de violaciones a la Ley de Inteligencia en el denominado “caso Monsalve”.
“Lo que buscamos es que esta causa avance rápidamente. No solo se trata de posibles delitos funcionales o corrupción, sino de una grave infracción a la Ley de Inteligencia. Creemos que el director de la PDI y el exsubsecretario del Interior incurrieron en irregularidades al ordenar la eliminación de imágenes del hotel en las que aparecen dos funcionarios de la PDI”, dijo Celis. “Estos antecedentes son fundamentales, porque, por primera vez en Chile, podrían estar cometiéndose delitos nunca antes vistos por autoridades encargadas de la seguridad y el orden público. Estamos hablando de obstrucción a la justicia, corrupción y abuso de información privilegiada”, afirmó, por su parte, Cantellano.
ENCUBRIMIENTO Y OBSTRUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
La querella sostiene que Monsalve habría cometido una violación en el Hotel Panamericano de Santiago el 22 de septiembre de 2024.
Según el diputado Celis, las autoridades implicadas habrían conocido los hechos desde el 15 de octubre y optado por ocultarlos, incumpliendo su deber de denunciar y obstaculizando la investigación.
Además, Monsalve habría ordenado retirar las cámaras del hotel, argumentando que era objeto de espionaje, lo cual, según la querella, constituye un uso indebido de los procedimientos de inteligencia.
IMPLICACIÓN DE LA MINISTRA TOHÁ Y EL PRESIDENTE BORIC
La denuncia también señala que Tohá fue informada de los hechos el 15 de octubre y, en lugar de notificar a la Fiscalía, habría advertido a Monsalve para que acudiera al hotel antes de que el equipo fiscal realizara las primeras diligencias.
Asimismo, se acusa que el Presidente Gabriel Boric fue informado en la misma fecha y envió a Monsalve a Concepción, utilizando vehículos fiscales, para “resolver la situación familiarmente”.
“Naturalmente estos son delitos que han involucrado a las más altas autoridades de nuestro país. Por eso hemos solicitado que el Presidente de la República sea llamado a declarar como testigo, ya que tuvo conocimiento temprano de esta situación. Es necesario esclarecer estos hechos para el respeto y buen ejercicio de los derechos de terceros”, expresó Cantellano.
POTENCIALES SANCIONES
La querella detalla que las sanciones para los implicados, de confirmarse los delitos, incluyen penas de cárcel de 541 días a tres años y multas de hasta 12 unidades tributarias mensuales.
Para aquellos que abusaron de su rol en el sistema de inteligencia, las penas podrían alcanzar los 20 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para cargos públicos.